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El clima político e institucional en la Argentina se encuentra jaqueado por los fantasmas de la Dictadura Militar de 1976, los que, nuevamente y desde las sombras, intentan desestabilizar a una democracia y a un Estado de Derecho que, aún con sus propias imperfecciones, constituye un valor fundamental para los ciudadanos y habitantes de estas tierras.
Sin dudas, la desaparición de Jorge Julio López constituyó, y lo sigue siendo, un punto de partida para la definitiva estabilización de los Derechos Humanos a pesar de las numerosas contradicciones que supone la construcción de un Estado que los garantice en forma efectiva.
En los últimos días, los fantasmas volvieron a asolar al país, cuando se conocieron las amenazas al Tribunal Oral y al fiscal de la causa en la cual resultó condenado el genocida Etchecolatz. En audaz vuelo, también les tocó al Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Binstock y a la Presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Estela Barnes de Carlotto.
Sin embargo, en el campo popular, las palabras de Hebe de Bonafini, intentando revictimizar al hoy desaparecido en democracia y expresando "que le quieren tirar un muerto a Kirchner", cayeron como un balde de agua fría. Investigar a la víctima es negar, de alguna manera, el accionar de los genocidas que, aún hoy, conservan notorias influencias en el Estado, sea nacional, provincial o municipal y que también tienen adherentes civiles como los hermanos Gristelli, los mismos que custodiaron al genocida condenado en La Plata y que organizaron el repudio a la muestra del artista plástico León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta.
La marcha del 27 de septiembre pasado reavivó el sentir de los militantes por los Derechos Humanos, al igual que de las organizaciones agrupadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, las que fueron acompañadas multitudinariamente con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que supieron comprender la dimensión de un hecho sin precedentes en la democracia argentina, sin olvidarnos de Miguel Bru y de otras desapariciones anteriores. Pero también incentivó una respuesta previsible en los nostálgicos del pasado, pues ellos harán su propia marcha el próximo día 5 de octubre en una coyuntura política de alto voltaje, la que amenaza con convertirse en un huracán de grandes proporciones.
Todavía puede escucharse la voz de Nilda Eloy en la histórica Plaza de Mayo, leyendo el documento consensuado en el confluir de organizaciones políticas y sociales, llamando a la movilización permanente. Sin embargo, la ciudadanía sigue adormecida y no reacciona frente a un hecho gravísimo que condiciona al Estado de Derecho y ello constituye una luz amarilla que debe tenerse en cuenta para no repetir los errores del pasado.
Mientras el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al igual que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intentan dar con el paradero del testigo podemos advertir que la Justicia se encuentra empantada en cuestiones de jurisdicción y de competencia debido a la existencia de dos causas paralelas sobre el hecho acontecido el pasado 17 de septiembre. Ello resulta un notorio despropósito, inconducente con el principio de economía procesal que establece el Código de Procedimeintos en lo Penal, tanto el nacional como el provincial.
En este clima de fantasmas al ataque, que dejaron de estar al acecho para pasar a la acción en la oscuridad, se necesita el coraje y la valentía para enfrentarlos y rechazar así, en forma contundente, el desafío que nos presentan. No podemos desconocer la realidad de la militancia política y social de quienes han sufrido los horrores del pasado reciente, los que desaparecieron y los que sobrevivieron, como tampoco la obligatoria reflexión que nos lleve a una acción de rechazo al ataque perpetrado desde las sombras de una línea telefónica o de un simple correo electrónico, al igual que de una convocatoria en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, resulta indispensable remarcar que no existe reconciliación posible, pese a las públicas expresiones del Cardenal Jorge Bergoglio, representante de una Iglesia que, aún en la actualidad, debería hacer su contrición frente a la complicidad con los genocidas. Y no existe dicha posibilidad porque los genocidas utilizaron el aparato estatal para adueñarse de la vida y de los bienes de la ciudadanía, para imponer un modelo económico y social cuyas consecuencias padecemos actualmente y que sumergen en la pobreza y en la indigencia a millones de argentinos, al igual que los lleva, a muchos de ellos, a la discapacidad y a la muerte.
Si los fantasmas pretenden amedrentarnos para cesar en nuestra exigencia de juicio y castigo, luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, debemos oponer nuestra decidida acción para el cese de sus acciones temerarias. No se trata de una casualidad, se trata de un accionar tendiente a echar un manto de olvido sobre lo acontecido en el pasado y de sentar las bases para un nuevo condicionamiento a la democracia.
Y es hora de poner las barbas en remojo, es hora para la movilización permanente y la participación ciudadana, para que comprendan nuestra convicción firme de memoria, verdad y justicia, para que sepan que "adonde vayan, los iremos a buscar" y así, seguir preservando lo que tanto costó conseguir, con 30.001 desaparecidos, para nuestros hijos e hijas y para nuestros nietos y nietas.
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")
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